El texto que remitió al Senado el Congreso de los Diputados preveía que el juez dictara la custodia compartida con carácter excepcional y exigiera para ello el informe favorable del fiscal, pero el trámite en la Comisión de Justicia del Senado consideró que vincular la decisión del juez al informe del fiscal limitaría "en exceso" la decisión de éste para decidir cómo proteger mejor al menor.

Durante el trámite de esta ley en el Senado, la custodia compartida ha sido el punto más polémico, que finalmente se ha zanjado con la aprobación en pleno de la enmienda del PSOE, transaccionada y apoyada hoy por todos los grupos excepto por el PP.

El Grupo Popular mantuvo que la custodia compartida sólo debe otorgarse cuando haya acuerdo entre los padres, coincidiendo con las exigencias de la mayoría de los colectivos feministas.

El texto que ratificará definitivamente el Congreso de los Diputados contempla que el juez deberá recabar el informe del Ministerio Fiscal y oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Jucidicial, o del propio menor, valorar las alegaciones de las partes vertidas en la comparecencia y la prueba practicada en ella, y la relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos, para determinar su idoneidad con el régimen de guarda.

"Excepcionalmente", incluye el texto, "el juez podrá acordar la guarda y custodia compartida ejercida de forma alterna, fundamentándola en la preservación del supremos interés del menor".

El juez antes de adoptar alguna de las decisiones anteriores, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar dictamen del Equipo psico-asistencial. En todo caso, el dictamen será preceptivo cuando se trate de otorgar el régimen de custodia compartida cualquiera que fuese el alcance de la misma.

El texto aprobado incluye también una enmienda transaccional del PP sobre la creación de un Fondo de Garantía de Pensiones, que cubrirá, además de la de los hijos, la compensatoria del ex cónyuge.

Con esta reforma de la Ley del Divorcio, el Gobierno dice querer eliminar las disfunciones y carencias de la norma anterior, agilizando los procedimientos. Una vez la norma esté en vigor, no hará falta la separación previa para proceder al divorcio.

Además, basta con que uno de los cónyuges no desee la continuación del matrimonio para que pueda demandar el divorcio, sin que el otro pueda oponerse a la petición por motivos materiales y sin que el juez pueda rechazar la petición, salvo por motivos procesales.

Lo que ya es conocido como "divorcio express" posibilita que transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio se podrá solicitar la separación o el divorcio, tiempo de espera que no será necesario si hay una situación de malos tratos.

En la Ley de Divorcio en vigor había que esperar un año desde la unión matrimonial para pedir la separación legal y un año más para presentar la demanda.

El texto será votado para su traslacción definitiva al BOE el próximo 30 de junio en el Congreso, en la última sesión plenaria de este periodo de sesiones.