La juez solicita a la asesoría jurídica del SCH que informe "del precepto o preceptos estatuarios u otras normas jurídicas que autoricen a celebrar contratos como el firmado en fecha 15 de enero de 1999 entre el presidente de la entidad y el señor Amusátegui".

La magistrada también pide conocer qué parte del estatuto permite "la cnvalidación de tal contrato", al tiempo que solicita que le remitan "copia de los estatutos vigentes anteriores a la fusión entre el Banco SAntander y el Banco Central Hispano".

NUEVA CITACION

Además, Teresa Palacios ha citado como testigo para el próximo jueves, 13 de febrero, a José María Lamamie de Clairac, inspector del Banco de España que supervisó la fusión entre el Banco Santander y el Central Hispano.

La documentación solicitada y la citación mencionada están relacionadas con la última uerella interpuesta contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y el ex co-presidente de la entidad, José María Amusátegui, por pactar presuntamente entre ambos, en agosto de 2001, una elevada gratificación, con el fin de compensar a Amusátegui por su salida de la dirección del banco.

La querella contra Botín y Amusátegui fue admitida a trámite el pasado 5 de noviembre por Teresa Palacios, quien apreció la existencia de un supuesto delito societario en la actuación de ambos, al acordar que se generaraun gasto de 43,7 millones de euros (unos 7.200 millones de pesetas) como pago a Amusátegui, lo que atentaría contra los intereses de los accionistas.

La querella, presentada por el accionista Juan Francisco Franco Otegui, se basa en el supuesto perjuicio patrimonial para todos los accionistas de la dotación especial destinada a la jubilación de Amusátegui y destaca que "en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de ue éstos sean removidos sin justa causa".