Arroyo deberá declarar ante el juez esta misma semana, junto al ex alcalde de la localidad granadina de Padul, Diego García Villena, por una presunta malversación de fondos que el Inem de Granada concedió al ayuntamiento de dicha localidad.

El juez Miguel Angel del Arco h dictado el auto de inculpación contra el director provincial del Inem de Granada a raíz de una denuncia interpuesta por el propio Rafael Arroyo contra el ex alcalde de Padul.

El juzgado, una vez iniciada la investigación, ha comprobado que los informes de la Dirección Provincial del Inem relativos a este caso estaban incompletos.

El juez entiende que a pesar de las irregularidades cometidas en Padul con los fondos del PER (Plan de Empleo Rural), los responsables del Inem conocían los desvíos de ondos y no hicieron lo necesario para evitarlo, e incluso continuaron enviando dinero al municipio en fechas posteriores. Según el juzgado, esta actitud de los responsables del Inem de Granada puede ser constitutiva de un delito de prevaricación.

Por otra parte, miembros de la Policía Judicial de Granada han entregado también al titular del Juzgado de Instrucción número seis de esta ciudad, Miguel Angel del Arco, cerca de un centenar de informes sobre otros tantos vecinos de Padul, que podrían haber icurrido en un delito de fraude al PER.

Estos informes fueron solicitados por el propio juez y han sido confeccionados tras una investigación de la Guardia Civil realizada entre los 800 vecinos que en principio estaban inculpados en este caso.

De ese grupo, la Guardia Civil ha seleccionado los casos en los que ha constatado que la persona investigada cobraba el subsidio agrario y además poseía otros ingresos y bienes propios, como tierras, comercios, automóviles, inmuebles, etc.

El Juzgado deInstrucción número seis ahondará en los datos aportados por la Guardia Civil y analizará caso por caso para determinar qué vecinos pueden haber cometido el fraude a la Seguridad Social, puesto que en el caso de algunas personas el hecho de poseer una propiedad no supone que no se encuentre en verdadero estado de necesidad para el cobro del subsidio.

Tras su estudio, el juez remitirá los casos que considere oportuno a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.