En concreto, el juez quiere comprobar si Gómez tuvo alguna influencia en la concesión del rescate millonario dada su relación con los responsables de Globalia, el grupo matriz de la compañía aérea. El juez explica su postura tras ser informado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de que tiene casi ultimado para su entrega un informe sobre el expediente de Air Europa de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La investigación de este asunto fue vetada por la Audiencia Provincial de Madrid. El juez insiste en que no aceptar ese informe supondría incurrir en un delito de prevaricación.

La providencia, que tiene fecha del 22 de marzo, rechaza la petición de la Fiscalía para que queden sin efecto las peticiones de informe sobre Globalia hechas en su momento por el instructor. Su argumento se apoya en que la Audiencia excluyó de la investigación los hechos conocidos en ese momento, pero no lo nuevos que podrían haberse desvelado con novedosos indicios de delito.

"Precisamente para la acreditación de hechos nuevos es por los que se ha solicitado y sobre lo que debe versar el informe de la UCO pendiente de cumplimentar, recordando que solicitar que no se remita dicho informe por la UCO podría suponer que se pasase por alto la comisión de nuevos hechos delictivos", indica el juez.

Siguiendo su argumento, el instructor sostiene que de no investigar eso indicios podría incurrir en “un delito de prevaricación” o un delito de “omisión de perseguir delitos, o de inducir a los agentes de la UCO de la Guardia Civil a que cometan dicho delito de omisión de perseguir delitos”.

En esta parte de la investigación, Peinado trata de esclarecer si la mujer del presidente del Gobierno tuvo alguna influencia en la concesión ayudas de 615 millones de euros a Air Europa.