Según explicó hoy a los periodistas el propio Fungairiño, la juez Palacios no comunicó en ningún momento a la Fiscalía de la Audiencia Nacional su intención de remitir el caso a Anticorrupción, ante el interés mostrado por el departamento que dirige Juan Carlos JIménez Villareo.

Para Fungairiño, lo lógico hubiera sido que la magistrada hubiese mediado para que ambas fiscalías se pusieran de acuerdo sobre quién debería llevar el caso.

Así, para el departamento que dirige Fungairiño, la Fiscalía de la Audiencia Nacional sigue estando encargada de la querella presentada contra Botín y Amusátegui. "La Fiscalía de la Audiencia Nacional está personada en el caso", dijo. "Si ha sido remitido a otra fiscalía, yo no lo sé", agregó.

Fungairiño, que se encuentra a la esperade que Teresa Palacios le explique lo sucedido, consideró que si la juez ha remitido el caso a Anticorrupción se debe a "una mala interpretación procesal, y no a un fallo burocrático".

El pasado día 5 de noviembre, la juez Teresa Palacios decidió admitir a trámite una querella presentada contra Botín y Amusátegui por pactar presuntamente entre ambos una elevada gratificación para compensar al segundo por su salida de la dirección del banco.

En el auto de admisión de la querella, Palacios apreció a existencia de un supuesto delito societario en la actuación de ambos, al acordar que se generara un gasto de 43,7 millones de euros (unos 7.200 millones de pesetas) como pago a Amusátegui, lo que atentaría contra los intereses de los accionistas.

La querella admitida a trámite, presentada por el accionista Juan Francisco Franco Otegui, se basa en el perjuicio patrimonial para todos los accionistas de la dotación especial destinada a la jubilación de Amusátegui y destaca que "en los estatutos sociale del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que éstos sean removidos sin justa causa".