La fiscalía ya había solicitado hace unos meses al juez que la Interpol localizara en el extranjero a Calvo que, según la acusación, propició un montaje con facturas falsas por las que Enatcar pagó 30 millones de pesetas por cada autobús, mientras que el veradero precio de los vehículos era de 25 millones.

De acuerdo con las mismas fuentes, en la operación estaban también involucrados el ex presidnte de Enatcar Rafael Ortega y los empresarios Antonio Teruel, propietario de una flota de autobuses en Málaga, y Cecilio Cereceda, de Salamanca.