García Burgos entiende que la Sala no debe ser competente para juzgar la querella interpuesta por el empresario debido a que en las declaraciones previas a la vista del antejuicio sólo estuvo presente uno de los tres magistrados que forman la Sala.

El juez está acusado por ictorino Alonso de los delitos de proposición de cohecho, coacciones, prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas, revelación de secreto y negociaciones prohibidas.

El dueño de MSP asegura que el juez le exigió 100 millones de pesetas y la mitad de sus acciones de la MSP, valoradas en unos 1.000 millones, a cambio de archivar una investigación abierta contra él que podría haber interrumpido el proceso de compra de la empresa minera, que estaba en manos de la entidad financiera Caja spaña, por parte del empresario.

Al tratarse de una querella presentada contra un juez, la ley prevé una figura denominada "antejuicio", durante la que se toman declaraciones previas y se celebra una vista en la que los letrados exponen sus informes, antes de decidir si la querella se admite a trámite.

A causa del incidente de recusación planteado por el juez, habrá de constituirse una Sala de Justicia provisional para la Sala de lo Penal, con órganos creados específicamente para este asunto. Est Sala de Justicia tendrá que decidir si continúa adelante con las actuaciones contra García Burgos o paraliza el procedimiento.