El magistrado palmesano, instructor del 'caso túnel de Sóller', investiga en colaboración con la Policía Judicial de Palma el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de dirigentes del PP a manos del empresario mallorquín Antonio Quart, antiguo socio de Gabriel Cañellas, a quien el Consejo de Gobierno le adjudicó la concesión de las obras del polémico proyecto de túnel de Sóller.

Por su parte, Jorge de Arnés, director de la sucursal de la Banca Abel Matutes (hoy San Paolo), entregó al juez la documentación solicitada por éste y que fue remitida desde la central de datos de Banesto en Madrid.

Una información relacionada con talones cobrados en ventanilla y que podrían estar relacionados con las comisiones políticas que son objeto de investigación, ya que dichas operaciones se realizaron a través del citado banco, propiedad, hasta hace unos meses, de la failia Matutes.

Este nuevo escándalo político-financiero se reavivó ayer tras la publicación de una información en "Diario 16 de Baleares", en la que se afirmaba que Cañellas había recibido 50 millones de pesetas por parte de Antonio Quart para costear la citada campaña electoral. La reacción de la dirección del PP no se hizo esperar y exigió una rectificación -lo que el diario ha negado en su edición de hoy- o una indemnización de 100 millones de pesetas.