Este colectivo recuerda en un comunicado que cientos de niños marroquíes en situación de desamparo vienen siendo ilegalmente expulsados del territorio español en los dos últimos años, lo que vulnera todas las leyes y tratados en materia de protección de menores.

La acción popular, que ejercen la Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Asociacin contra la Tortura, SOS Racismo e Izquierda Unida, considera desorbitada la cantidad estipulada por el magistrado como fianza para poder personarse.

Según los querellantes, la imposición de esta fianza por parte del juez, lejos de contribuir a que el procedimiento se resuelva de forma rápida y transparente en beneficio del conocimiento de la verdad de los hechos que se denuncian, ha levantado un obstáculo desproporcionado e incomprensible para quienes no pretenden sino defender el Estado de Derecho. Este colectivo anuncia que iniciará una campaña de información y de recogida de apoyos para llevar a término la acción emprendida y poder restablecer los derechos que las leyes vigentes en el Estado español otorgan a todos los menores.