Grande-Marlaska se ha dirigido al Constitucional después de que la Fiscalía Anticorrupción le pidiese que levantase la suspensión de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra Silvio Berlusconi por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental en relación al denominado "caso Telecinco".

Fuentes del Tribunal Constitucional señalaron a Servimedia que en este tribunal Berlusconi tiene aún pendiente un recurso de amparo, admitido a trámite en el año 2003, relativo a su inmunidad parlamentaria y que todavía no ha sido resuelto.

Precisamente su inmunidad parlamentaria llevó a la Audiencia Nacional a realizar una pieza separada del "caso Telecinco" relativa a Berlusconi y a dejar en suspenso su tramitación mientras ostentase el cargo de Primer Ministro italiano, tal y como acordó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el 27 mayo de 2002.

No obstante, el resto de la instrucción del caso continuó su curso y el juez Baltasar Garzón concluyó la investigación en junio de 2002.

El pasado mes de enero, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fijó para los días 5, 6 y 7 de junio el inicio de las sesiones del juicio por el denominado "caso Telecinco".

CUESTIONES PREVIAS

Esos días se plantearán las cuestiones previas al juicio, con las que las defensas podrán alegar las presuntas irregularidades que, a su juicio, se han podido producir a lo largo del proceso.

En el banquillo de los acusados se sentarán Miguel Durán, ex director general de la ONCE y ex presidente de Telecinco, así como siete ex accionistas de la citada cadena televisiva: el empresario Javier de la Rosa, Rafael Alvarez-Buiza, Angel Medrano, Alfredo Messina, Juan Carlos López-Cid Fuentes y Giovanni Acampora.

La Fiscalía Anticorrupción, según consta en su escrito de conclusiones provisionales, solicita 14 años de cárcel para Durán, 10 para Santiago Muñoz, 4 para De la Rosa, 8 para Rafael Álvarez- Buiza y otros tantos para Angel Medrano, 2 tanto para Alfredo Messina como para Juan Carlos López-Cid Fuentes, y uno para Giovanni Acampora. Además, pide multas que oscilan entre los 103 millones de euros y los 1.000 euros.

En este caso se investigan delitos contra la Hacienda Pública, otorgamiento de contrato simulado, administración desleal y falsedad.