El juez Garzón, que participó en uno de los seminarios de los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial (Madrid), mostró una vez más su postura de rechazo a cualquier política de contacto con la organización terrorista, aunque no seopuso a la existencia de un diálogo "con claras delimitaciones y siempre que no sirvan de contenido a otros fines políticos".

"El Gobierno no puede olvidarse", afirmó, "de las obligaciones que le otorga la Costitución y el Ordenamiento Jurídico, que le impide hacer dejación de la soberanía o tratar cuestiones relativas a la integridad territorial de España, dos de los postulados de la alternativa KAS. De hacerlo traicionaría la legitimidad política depositada en el Ejecutivo y constituiría una actuacin claramente delictiva".

Para Garzón, sólo el Parlamento puede pronunciarse sobre una alteración de la Constitución y tomar una iniciativa siempre en el margen de la legalidad, mientras que el Estado "no puede ni debe negociar".

"El Estado podrá ser magnánimo", añadió, "pero dentro de unas coordenadas precisas y unos planteamientos concretos que pasen por el abandono de la lucha armada".

El juez instructor, que estimó que no se han producido más contactos entre el Gobierno y ETA desde las coversaciones de Argel, subrayó que la organización carece de la legitimidad para tratar los aspectos de soberanía y calificó de inaceptable cualquier pacto con la organización criminal "que se siente sobre la base del chantaje y la extorsión".

Asimismo, abordó la actual negociación de Herri Batasuna (HB) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) sobre el fin de la violencia en el País Vasco, de cuyos resultados dijo no ser optimista "porque existen barreras insalvables que ni una ni otra formación pueden sbrepasar en sus conversaciones, ni puede haber acuerdos entre ambas mientras una de ellas no rechace la violencia".

Sobre el fin del terrorismo en España, consideró que desde la caída de la cúpula terrorista, en febrero de este mismo año, "por primera vez se puede mirar el futuro con optimismo", si bien señaló que no bastará con las actuaciones policiales y judiciales para acabar "con esta lacra".

Garzón precisó que la Administración deberá abordar ahora el problema carcelario y apostó por la conepción controlada de beneficios penitenciarios para la recepción de los terroristas, pero lejos de cualquier medida de gracia, amnistía o indulto generalizado.