El magistrado ha emitido un auto en el que fija la fianza de responsabilidad civil de forma solidaria para todos los implicados en el caso, entre ellos Olabarría y los hermanos Luis Fernando e Ignacio García Romero, acusados de los presuntos delitos de apropiación indebida y estafa.

Según la querella presentada por Banesto, los delitos guardan relación con la concesión de créditos a empresas viculadas al Grupo Olabarría por parte de esta entidad financiera por un importe de 639 millones de pesetas que resultaron impagados.

Para la acusación, el grupo constituye "un entramado de sociedades que actúa como pantalla jurídica para esconder los verdaderos beneficiarios del mismo", entre ellos el propio Olabarría.

Banesto acusa a este empresario y al resto de dirigentes de su grupo de traspasar a patrimonios personales cantidades destinadas a operaciones de las sociedades.

Pedro Olabarrí, Luis Fernando García Romero y Modesto González permanecieron detenidos durante 72 horas la pasada semana y fueron puestos en libertad la noche del domingo bajo una fianza de 25 millones de pesetas cada uno.

En el auto que el juez encargado del caso dictó el pasado fin de semana se consideraba que los implicados se enriquecían "ilícitamente". Pascual Estevill decretó otra orden de búsqueda y captura contra Enrique Marugán, otro implicado en el caso que fue citado a declarar el pasado domingo y que nose presentó.

Fuentes judiciales señalaron que este último ha remitido al juzgado un telegrama desde Brasil en el que explica que piensa comparecer de inmediato para prestar declaración.