Según el escrito conocido este martes, la causa se inició tras recibir el 16 de noviembre de 2023 un oficio de la Comisaría General de Información que alertaba sobre posibles hechos constitutivos de un delito de desórdenes públicos. Esta denuncia se refería a las protestas en las que Alvise Pérez participó junto a la sede central del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid.

El magistrado Hermenegildo Alfredo Barrera Aguirre explica que, aunque inicialmente se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla, este órgano rechazó asumir el caso el 1 de diciembre de 2023, por lo que las diligencias continuaron en Madrid.

El instructor destaca que "existen indicios de culpabilidad que han provocado la admisión de la presente denuncia por entender que la persona identificada pudiera ser autora del hecho delictivo de desórdenes públicos del artículo 557 del Código Penal".

NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN

El juez señala que para el total esclarecimiento de los hechos resulta necesario tomar declaración al investigado "con todas las garantías y derechos previstos en nuestro ordenamiento jurídico", una diligencia que no puede acordar por ser aforado.

El magistrado argumenta que debe remitirse la causa al Supremo por la condición de diputado al Parlamento Europeo del investigado, lo que le otorga un fuero especial que hace competente a la Sala Segunda del Alto Tribunal.

En su exposición razonada, el instructor recuerda que, aunque un juez puede rechazar denuncias cuando los hechos no sean delictivos, en este caso sí aprecia indicios suficientes para continuar con la investigación penal.