En dicha querella, según haninformado portavoces de Torras, Sarrió acusaba a los actuales responsables de Torras de falsedad, alzamiento de bienes, estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Respecto a las alteraciones del pasivo y el activo que se atribuyen en el recurso a la connivencia de los interventores en la suspensión de pagos de Torras, los portavoces de este grupo señalan que la sentencia considera que en ningún caso se refieren a extremos ocultados o desvirtuados por los querellados en el ámbito del proeso concursal.

Por el contrario, considera que los argumentos empleados en el recurso ya han aparecido en todo el procedimiento y han sido objeto de la correspondiente valoración judicial.

Asimismo, añaden, la sentencia señala que no cabe atribuir a la voluntad de los querellados lo que fue objeto de decisión jurisdiccional, ni tampoco cabe entrar en revisión ni someter las resoluciones a un nuevo dictamen pericial.

También señalan que el juzgado ha desvinculado este caso del actual procedimento seguido por la suspensión de pagos de Grupo Torras, y califican la sentencia como una demostración de las prácticas dilatorias de Sarrió para demorar el levantamiento de la suspensión de pagos de Torras.

Los portavoces de Torras han informado que sus interventores y su administrador han solicitado a sus abogados respectivos el estudio de las posibles acciones legales a emprender contra Carlo Bonomi, actual presidente de Sarrió, por falsedad y calumnias.