En su escrito, el juez afirma que existen "indicios racionales de criminalidad" que permiten atribuir provisionlmente a Jesús Gil, su hijo Miguel y Enrique Cerezo, la comisión de dos delitos de apropiación indebida, un delito societario y otro de otorgamiento de contrato simulado, los tres últimos con carácter continuado.

En su resolución, el magistrado declara responsables civiles subsidiarios a las promotoras inmobiliarias Alhambra S.A., Guadiana S.A. y Generalife S.A.; así como a Promociones Futbolísiticas S.A., Club Atlético de Madrid S.A.D., Rancho Valedolivas S.A., Myramco S.A. y el Centro de Formación Nyade S.A.

El juez también declara responsables civiles, "en la medida en que pueda ser afectada su sociedad de gananciales", a las esposas de Jesús Gil y Gil y de Enrique Cerezo.

Así, Jesús Gil y Gil deberá enfrentarse a los 17 años y seis meses de prisión que el fiscal Anticorrupción encargado del caso, Carlos Castresana, pide para él. El Ministerio Público solicita 10 años, 6 meses y tres días de cárcel para su hijo Miguel Angel Gil Marín y otros 6 años y un día para Enrique Cerezo, por su gestón presuntamente irregular al frente del club rojiblanco.

Además, solicita que las 236.729 acciones del Club Atlético de Madrid S.A. que poseen Jesús Gil y Enrique Cerezo sean "vendidas en pública subasta y adjudicadas al mejor postor, destinándose el precio obtenido a incorporar el haber social del propio Club Atlético de Madrid S.A.D. como indemnización". Asimismo, pide que estos dos acusados reparen a la entidad con un total de 4.653.383.538 pesetas.

Este caso comenzó el 27 de julio de 1999, cando el entonces responsable del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidió admitir a trámite la querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó contra Jesús Gil y otras seis personas más por un presunto fraude que la Fiscalía Anticorrupción cifró entonces en 9.427 millones de pesetas.

GIL, SATISFECHO

Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, mostró hoy su "gran satisfacción" por la decisión del magistrado, porque supone pner fin al "sufrimiento" de la instrucción llevada a cabo contra él y darle la oportunidad de defenderse.

En una nota hecha pública hoy, Gil sostiene que "no existe ni un solo socio que reclame nada, sino muchos accionistas que apoyan la gestión de Gil".