Los empleados se encontraban antes de los despidos sometidos a un expediente de regulación de empleo, a la espera de que la directiva de la factoría abriese en la zona, próxima a la capital de la región, una nueva empresa donde recolocarlos.

El conocimiento hoy del veredicto coincide con la celebración de la vista oral por el conflicto colectivo plnteado por los trabajadores de Fesa-Enfersa contra la dirección del grupo químico para que cumpla los acuerdos firmados en el expediente de regulación.

En los mismos, firmados el 12 de marzo de 1991, Ercros se comprometió a que los 40 trabajadores sujetos al expediente de regulación fueran recolocados en una industria de fertilizantes denominada Agrocros, perteneciente al mismo grupo. El pacto contemplaba asimismo que la química podía utilizar a los empleados mediante "comisión de servicios" en cualquer otra empresa con accionariado de Ercros hasta que se terminara la instalación de la nueva factoría.

En abril de 1992 fue constituida la sociedad limitada Gruma Camargo, que se dedicaría al laminado de madera, con una participación de Fesa-Enfersa del 19 por ciento, donde intentó colocar a los trabajadores sujetos a regulación. Sin embargo, el grupo entendió que al ser una empresa no integrada en el grupo químico, éstos no podían estar sujetos a la "comisión de servicios" pactada.

Asimismo, y apesar de la ayuda prestada por el Ayuntamiento de Camargo, municipio donde se instalará la fábrica, el proyecto presentó diversas irregularidades que no fueron subsanadas por Fesa-Enfersa.

La respuesta de los 40 trabajadores a las intenciones de Ercros fue positiva siempre que la empresa respetase las "comisiones de servicios" pactadas, lo que el grupo químico consideró imposible al tratarse de una factoría ajena al grupo. Ercros entendió como negativa la respuesta de los trabajadores y dictaminó un epediente de despido definitivo.

La sentencia conocida hoy califica de nulo este despido, al considerar que el grupo químico no ha respetado los acuerdos con los trabajadores, y condena a la empresa a satisfacer el complemento de prestación por desempleo que venían percibiendo a su cargo, lo que supone entre 300.000 y 400.000 pesetas por empleado.