Garzón, que tomó esta decisión a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, imputa a los detenidos un presunto delito de integración en organización terrorista y asegura que está claramente demostrado que la Udalbiltza de Batasuna está integrada en "el mismo armazón que el complejo terrorista dirigido por ETA-EKIN".

A criterio de Garzón, la Udalbiltza de Batasuna "es parte de ese mismo entramado terrorista y, por tanto, se encuenta fuera de la ley", lo que el magistrado advierte que deben tener en cuenta en adelante "las personas de buena fe que hayan podido tener relación o vinculación con dicha estructura y sus responsables sin conocer la verdadera naturaleza" de sus actividades.

Según Garzón, las ocho personas para las que ha dictado prisión son responsables de EKIN "como requisito ineludible para poder controlar, en cumplimiento del proyecto de ETA, el curso de las actividades de Udalbiltza-Kursaal".

Por otra parte, e magistrado anuncia en el auto una investigación por malversación de caudales públicos, dado que, "según los indicios existentes en este momento se habría dispuesto de cantidades de dinero pertenecientes a los presupuestos ordinarios de diversos ayuntamientos del País Vasco y Navarra controlados por HB-EH-Batasuna-Sozialista Abertzaleak, para una finalidad claramente ilícita cual es la financiación de una organización terrorista".

"Por tanto, deberá desarrollarse la investigación iniciada y el análisi de las cuentas y presupuestos para concretar otras responsabilidades penales", añade el auto del juez, que consta de 62 folios.

Para Garzón, la Udalbiltza de Batasuna fue creada para "burlar las resoluciones judiciales y presentar candidaturas electorales locales pretendidamente independientes que aseguren su presencia y control del ámbito municipal, y que, a su vez, sirva de base, tanto económica como política, a la plataforma Udalbiltza-Kursaal y constituya el embrión del futuro partido político sutitutivo de Herri Batasuna-EH-Batasuna-Socialista Abertzaleak".

MAS ARGUMENTOS PARA LOS RECURSOS

La Fiscalía de la Audiencia Nacional remitirá esta misma tarde una copia del auto al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y otra al fiscal de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

La copia al fiscal general se remite para que la añada a los recursos que presentará mañana contra las listas electorales que se presentan a las elecciones del 25 de mayo en el País Vasco incluyendo a atiguos dirigentes de Batasuna.

Asimismo, la copia que se enviará a lo contencioso administrativo del Supremo servirá para impugnar, ante las correspondientes juntas electorales del País Vasco, las candidaturas sospechosas de ser tapaderas de Batasuna.

SEIS CONCEJALES DE BATASUNA

Entre los ocho detenidos para los que Garzón ha dictado prisión se encuentran seis concejales de Batasuna, que negaron ante el juez Garzón cualquier tipo de vinculación con ETA, así como haber participado en las listas e la plataforma AuB por orden de la banda o de su entorno.

Los detenidos comenzaron a declarar ante el juez Garzón a las doce del mediodía y terminaron en torno a las ocho de la tarde. Dos de los arrestados son Lander Echevarría San Sebastián, concejal del Ayuntamiento de Bilbao y responsable de la antigua Batasuna, y Eider Casanova Alonso, concejala del Ayuntamiento de Baracaldo y miembro de la última mesa nacional de Batasuna. Ambos fueron detenidos por la policía en Vizcaya.

En esa provincia tmbién se arrestó a Miriam Campos Alonso, responsable de Relaciones Exteriores de la plataforma Udalbiltza, y a Leire Idoyaga Altamira, antigua máxima responsable de la organización Jarrai y actalmente una de las responsables financieras de la Udalbiltza.

En Guipúzcoa se detuvo a Miren Karmele Urbistondo, concejala del Ayuntamiento de Urnieta, y a Larraitz Sanzberro, concejala del Ayuntamiento de Oyarzún.

En Navarra, la policía arrestó a José Manuel Jurado Torvisco, concejal del Ayuntamiento de Vilava, y a Oscar Goñi, concejal del Ayuntamiento de Vera de Bidasoa y responsable de la campaña de distribución del denominado "Documento de Identidad Vasco".

La operación desarrollada ayer contra la Udalbiltza se produjo a raiz de una documentación requisada en su día a Ibon Fernández Iradi, alias "Susper", cuando fue detenido en diciembre de 2002 cerca de Bayona.