Tanto los abogados de las 60 familias afectadas como la Federación de Asociaciones de Vecinos anunciaron la presentación de recursos para impedir quelas diligencias se archiven definitivamente.

El juez instructor del caso considera que durante los años 50, cuando se construyó la casa del número 33 de la calle del Cadí, que se derrumbó el 11 de noviembre de 1990, las autoridades desconocían el peligro que comportaba la utilización del cemento aluminoso.

Este suceso dio a conocer el amplio uso que se hizo de este material hasta los años 70 en varias ciudades españolas, debido a que su coste era mucho más bajo que el del cemento normal.

A psar de que el juez reconoce deficiencias en la construcción de los pisos afectados en el barrio del Turó de la Peira, considera que no fueron las causas directas del accidente que se produjo hace tres años.

Uno de los abogados del colectivo de afectados, Jordi Carreras, indicó tras conocer la decisión del magistrado que presentará un recurso: "Seguimos con la convicción de que no solamente hay en esas diligencias indicios racionales de criminalidad, sino pruebas muy claras de que ha habido responsabildad penal".

Carreras dijo que a pesar de que las 60 familias afectadas por el accidente ya viven desde hace tiempo en pisos rehabilitados, todavía existe un colectivo que no ha recibido ningún tipo de indemnización.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, Josep Miró, por su parte, aseguró que esa decisión judicial tendrá una respuesta por parte de la entidad. Miró expresó la sorpresa con que se ha acogido el anuncio del juez de archivar el caso.