Según el auto, notificado esta mañana, la clausura tendrá una duración de dos años y deberá ser llevada a cabo por la Guardia Civil, con cobertura de la Ertzaintza.

La decisión del juez se basa en la declaración prestada por Ibon Meñika, que corrobora, según el magistrado, que la citada herriko taberna continuaba actuando en el entramado para financiar a la banda terrorista.

En el mismo local, según señala el auto, "se procedían a vender bonos tendentes a la financiación de las campañas electorales en que se presentaba la ilegalizada Batasuna, principalmente en el transcurso del año 2004".

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