La juez investiga este pago, dentro del caso que instruye sobre la bonificación de 43,75 millones de euros que el citado banco abonó a su ex co-presidente, José María Amusátegui.

En la providencia, la juez requiere a Corcóstegui que "aporte el contrato en virtud del cual se abonó la cantidad y toda la documentación relacionada con el pago de una cntidad superior a 110 millones de euros".

Asimismo, ordena al banco que preside Emilio Botín toda la documentación relacionada con el pago a Corcóstegui, como el contrato y la contabilización.

Además de interrogar a Corcóstegui, ese día 3 de abril, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional también tomará declaración, pero en calidad de testigo, a Fernando de Asúa, consejero y presidente de la comisión de nombramientos y retribuciones del SCH.

La magistraa decidió la semana pasada acumular en la misma causa el caso abierto contra Amusátegui y la denuncia que el ex consejero de Banesto y accionista del SCH Rafael Pérez Escolar presentó ante la Fiscalía Anticorrupción por el pago a Corcóstegui.

El caso al que se une la investigación sobre Corcóstegui nació de la querella presentada por el accionista Juan Francisco Franco Otegui contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y contra Amusátegui.

La juez admitió a trámite esta primera querella el pasado5 de noviembre, al apreciar la existencia de un supuesto delito societario en la actuación de ambos, al acordar que se generara un gasto de 43,7 millones de euros (unos 7.200 millones de pesetas) como pago a Amusátegui, lo que atentaría contra los intereses de los accionistas.

La querella de Franco Otegui se basa en el perjuicio patrimonial para todos los accionistas por la dotación especial destinada a la jubilación de Amusátegui y destaca que "en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la exstencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que éstos sean removidos sin justa causa".