Según indicaron fuentes judiciales, el magistrado ha dado por concluida la instrucción del caso después de haberse desplazado varios días a Francia e Italia, países a los que pudo desviarse parte del capital de la fábrica, y de interrogar a varios altos cargos del Ministerio de Hacienda.

Las mismas fuentas avanzaron que dos de las seis personas que permanecen en prisión provisional en estos momntos como presuntos implicados en el caso podrían quedar en libertad bajo fianza.

Los abogados Adolfo Martos y José Luis Castillo podrían abandonar en los próximos días la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre, previo pago de sendas fianzas de cinco y diez millones de pesetas respectivamente.

Ambos abogados participaron como intermediarios entre el empresario italiano que compró Intelhorce y la Dirección General de Patrimonio del Estado, titular de la fábrica antes de 1989, dentro del trabajoque se desarrolló en un bufete con sede en Marbella.

Aunque las mencionadas fuentes calificaron la posibilidad como un rumor aún por confirmar, personas próximas a la instrucción del sumario han indicado en los últimos días que el juez Ramírez podría ampliar el número de personas acusadas por las irregularidades.

Entre estos nuevos implicados se encontrarían varios altos cargos del Ministerio de Hacienda, el director general de Patrimonio en 1989, Francisco Zambrana, el entonces subdirector, Migul Angel Herrera, y el también exdirector de Patrimonio, Luis Alcaide.

Todos ellos estarían acusados de no haber controlado el destino final que Giovanni Orefici dio a los 4.000 millones de pesetas que aportó el Estado al capital de Intelhorce antes de su privatización ni haber comprobado la fidelidad de los informes a favor del italiano confeccionados por la sociedad instrumental de capital público, IMPROASA.

Estos informes resultaron decisivos a la hora de que el Consejo de Ministros, encargado e dar el visto bueno a la operación de privatización de la fábrica, se decidiera a favor de Giovanni Orefici.

Los compromisos adquiridos por Orefici en el momento de comprar Intelhorce tenían un periodo de cumplimiento de tres años, a lo largo de los cuales debía proceder, entre otras cosas, al pago al Estado de la cantidad acordada como precio de la fábrica.

Orefici no cumplió su parte del acuerdo, sin llegar siquiera a abonar el importe de la compra, por lo que las fuentes próximas a la instrución del sumario consideran que existe una negligencia por parte de los responsables de Patrimonio que se encargaron de este proceso.

INCULPADOS

Entre los inculpados ya por este caso se encuentra el que fuera presidente de la sociedad de capital público IMPROASA, José Miguel Moreno, a quien se le acusa en el sumario de haber percibido una importante cantidad de dinero para falsear el informa a favor de Orefici, documento en el que se basó todo el proceso de privatización.

Por otro lado, en la acualidad el proceso de conflictividad social que se ha vivido en la fábrica textil malagueña en los últimos meses ha comenzado a quedar atrás.

Los representantes sindicales de la plantilla han iniciado esta semana los contactos con las empresas del sector que han mostrado su interés en adquirir Intelhorce, que será de nuevo privatizada en cuanto se alcance un acuerdo entre los trabajadores y el grupo comprador.

De momento, el principal punto de debate está siendo el número de personas que deberán bandonar la plantilla de Intelhorce, compuesta en la actualidad por más de 700 personas, lo que representa una cantidad que no podría ser asumida satisfactoriamente por ninguna empresa que tuviera interés por adquirir la fábrica.

Aunque son cinco las empresas que han dado el paso hacia adelante para interesarse por las condiciones de la compraventa, tan sólo ha trascendido el nombre de una de ellas.

Algodonera de Palma, empresa con sede en Córdoba dedicada a la desmotación de algodón, ha sido la rimera en contactar oficialmente con los trabajadores de la fábrica y la Junta de Andalucía en un intento de acercar intereses.