El juez Francisco Ramírez ordenó anoche, tras varias horas de interrogatorio, el ingreso en prisión incondicional y sin fianza de Giovanni Orefici, anterior dueño de Intelhorce, y de José Manuel Muñiz, ex administrador único de la empresa, por presunta estafa.

Hoy prestan declaración ante el magistrado otros implicados, entre los que se encuentra Paolo Orefici, hijo del anterior dueño de la fábrica textil. La operación policial sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La actuación judicial se fundamenta en las querellas presentadas por el sindicato UGT y la Dirección General de Patrimonio del Estado como consecuencia del la gestión de Orefici y Muñiz al frente de la factoría textil.

Tanto el sindicato como la Dirección General de Patrimoni, actual propietaria de la fábrica, imputaban a ambos ex altos cargos supuestos delitos de estafa, falsedad documental, apropiación indebida, prevaricación y delito laboral durante el periodo de tres años en el que gestionaron la fábrica.

Fuentes judiciales indicaron a Servimedia que el principal objetivo del magistrado que investiga el caso es llegar hasta el fondo de la trama urdida por Orefici y Muñiz para la descapitalización de Intelhorce.

El comité de empresa de la factoría textil, a travésde su presidente, Felipe Cortés, valoró positivamente la decisión del juez de encarcelar a Orefici y Muñiz, porque "buscaron la ruina de la fábrica y pusieron en peligro cientos de puestos de trabajo para enriquecerse.

PRIVATIZACION IRREGULAR

La fábrica textil fue privatizada por la Dirección General de Patrimonio del Estado en agosto de 1989 a las sociedades italianas Benorve y Benservice, de las que Orefici era presidente. Ambas alegaron su relación directa con la multinacional Benetton para hacere con la factoría, si bien después se descubrió que el único vínculo entre ellas era una franquicia para la venta de ropa de la marca.

En el proceso de privatización, el Estado concedió a Intelhorce subvenciones por 6.000 millones de pesetas, fijándose el precio de la venta en 4.000 millones, a pagar en dos plazos de 2.000 millones. La subvención se concedió con el objetivo de la modernización de la factoría, algo que no se llegó a producir. Igualmente, jamás se pagaron los dos plazos del contrato de a compra-venta.

Asimismo, durante el periodo de gestión de Orifici y Muñiz no se llegaron a ingresar en las arcas del Estado las retenciones laborales por IRPF y Seguridad Social.

Los querellantes sospechan que el dinero destinado en un principio a Intelhorce ha sido desviado para asuntos propios por Orefici y Muñiz, quienes además hipotecaron parte de los terrenos propiedad de la factoría.

El paso de Orefici por Intelhorce provocó la caída de la producción textil, que se saldó en 1992 con l vuelta a manos públicas de la fábrica y la elaboración de un plan de viabilidad por el que más de 700 trabajadores de los 1.500 que había en la plantilla fueron dados de baja.

Actualmente, Intelhorce se encuentra sumida en una profunda crisis agravada por la sanción de 4.000 millones de pesetas impuesta por el tribunal de la UE, que considera ilegal la subvención concedida por el Estado a Orefici para reflotar la factoría en 1989, además de la suspensión de pagos por 7.000 millones de pesetas que pes sobre la factoría.