EL JUEZ DEL "CASO CALVIA" VE INDICIOS DE DELITO EN CAÑELLAS Y ELEVA EL SUMARIO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE BALEARES

PALMA DE MALLORCA
SERVIMEDIA

José Castro, titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, que instruye el "caso Calviá", dictó hoy un auto en el que remite las investigaciones al Tribunal Superior de Justicia de Baleares, según confirmaron fuentes judiciales.

El magistrado tiene que elevar a ese órgano judicial la instrucción del cas al encontrar indicios de delito en el comportamiento del ex presidente regional Gabriel Cañellas, ya que éste es aforado, en su condición de diputado autonómico del Partido Popular.

El juez basa su decisión en las declaraciones de Andrés Bordoy, ex vicepresidente del Partido Popular de Calviá, y condenado por intentar sobornar a un concejal socialista para derribar al alcalde de dicha localidad mallorquina, con el propósito de aprobar una operación urbanística a la que se oponía el primer edil.

ndrés Bordoy declaró semanas atrás ante el juez que Gabriel Cañellas autorizó la operación de soborno cuando era presidente del Gobierno balear y del Partido Popular en Baleares.

El magistrado considera sorprendente que los otros testigos que han declarado en la instrucción del caso nieguen cualquier implicación de Cañellas "antes incluso de que se les pregunte al respecto", según consta en el auto dictado hoy por el juez Castro.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares solicitará en las próxmas horas al Parlamento balear que certifique la condición de Gabriel Cañellas como diputado. El ex presidente de Baleares es actualmente jefe del grupo parlamentario popular en la Cámara autonómica.

El "caso Calviá" estalló en 1.992 cuando el PSOE denunció que el Partido Popular intentó sobornar a un concejal de Calviá para que apoyara una moción de censura en contra de la alcaldesa, la socialista Margarita Nájera.

Andrés Bordoy, Miguel Deyá (asesor urbanístico del PP) y Guillermo Ginard (ex preidente del Club Real Mallorca) fueron condenados dos años después a penas de cuatro a seis meses de prisión y una multa de 100 millones de pesetas cada uno por un delito de cohecho.

El juez José Castro reabrió el caso el pasado mes de febrero al surgir nuevas pruebas que implicaban presuntamente a altos cargos del Partido Popular, entre ellos el ex presidente Gabriel Cañellas.

(SERVIMEDIA)
25 Mayo 1996
C