En un auto conocido este viernes, el titular del Juzgado de Instrucción Cuatro considera que existen "indicios sólidos" de responsabilidad penal contra el parlamentario europeo, por lo que el Alto Tribunal debe asumir la investigación debido a su condición de aforado.

El auto judicial incluye también indicios contra el empresario Álvaro Romillo, quien habría entregado los 100.000 euros, para que sea investigado conjuntamente por el Supremo al apreciar una "íntima conexión" en la dinámica comisiva entre ambos, constituyendo "la cara y cruz de una misma moneda".

La investigación apunta que el eurodiputado habría solicitado la colaboración de este empresario para crear un monedero virtual destinado a recibir donaciones anónimas fuera del control público para la campaña electoral de la agrupación 'Se acabó la Fiesta' (Salf).

PROMOCIÓN CRUZADA DE INTERESES

Los servicios prestados por Romillo y la entrega del dinero se habría supuestamente realizado con la intención de que 'Alvise' promocionara posteriormente la plataforma bancaria Sentinel y la mercantil Madeira Invest Club en distintos foros.

El primer acto de colaboración se habría producido el 6 de abril en el hipódromo de la Zarzuela, donde Luis Pérez defendió ante 3.000 inversores la plataforma de Romillo, presentándola como un negocio fuera del control financiero que permitía obtener alta rentabilidad sin tributar.

En ese mismo evento, el eurodiputado expuso su programa político para las elecciones europeas basado en la libertad financiera, según detalla el auto judicial que recoge un mensaje de audio donde Romillo informaba a 'Alvise' sobre una recaudación de 100 millones en 53 minutos.

DELITOS GRAVES

El instructor considera que los hechos podrían constituir un delito de financiación ilegal, según el artículo 304 bis del Código Penal, que se consuma con la mera entrega del donativo sin necesidad de aceptación o trámite adicional.

Además, el juez Calama señala que la conducta de 'Alvise' también sería constitutiva de un delito electoral por "falseamiento de las cuentas electorales", que afecta al "juego limpio electoral como garantía del pluralismo político" y a la "correcta conformación" de la voluntad popular.