El magistrado, que ha adoptado esta medida a petición de la Fiscalía y de una de las a acusaciones particulares una vez se ha procedido a la declaración indagatoria, considera que existe un alto riesgo de fuga de Fuentes Jover por la gravedad de las penas a las que se enfrenta, de hasta 18 años de cárcel, y la posibilidad de acceder a los más de 92 millones de euros supuestamente estafados.

Para otros tres investigados, el juez ha acordado la libertad provisional con la obligación de comparecer ante el órgano judicial cada quince días, la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional. Un cuarto investigado que estaba citado para la declaración indagatoria, Viktor Alexandre W.F., no ha comparecido ante el juzgado.

El auto de prisión recuerda que el investigado, movido por un ánimo de enriquecimiento ilícito, desarrolló un negocio fraudulento de captación masiva de inversores, mediante la oferta de un sistema ficticio de “arbitraje de criptomonedas”. A tal fin, a través de la mercantil Arbistar 2.0 SL y con la colaboración de, al menos, otras seis personas, ofrecía una serie de sistemas automatizados para invertir en criptomonedas, a través de diversos bots de arbitraje, que eran presentados como herramientas infalibles capaces de detectar el momento exacto en el que hay que comprar en una plataforma y vender en otra.

Todo ello bajo una estrategia de marketing cuidadosamente diseñada, donde combinaba el ofrecimiento de una alta rentabilidad (entre un 8% y 15%), con potentes campañas de comunicación a través de diversos canales en internet, eventos en hoteles, y utilización instrumental de los primeros inversores para el proceso de captación.

ALGORITMO NO OPERATIVO

“En definitiva, Santiago Fuentes Jover presentaba a Arbistar como un entorno de inversión perfecto en el que el sistema automatizado nunca falla. Sin embargo, el sistema de algoritmos sobre el que supuestamente pivotaba el negocio ofertado nunca estuvo operativo, tal y como rotundamente concluye el informe pericial elaborado por el Departamento de Cibercrimen de la Unidad Central Operativa”, subraya Calama.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro señala que existen indicios para atribuir al investigado un delito continuado (con notoria gravedad y perjuicio causado a una generalidad de personas) de estafa cualificada por la especial gravedad, atendido el valor de la defraudación, y otro de organización criminal.

Dichos delitos tienen una excepcional relevancia penal, de hasta 18 años de cárcel, lo que aumenta la tentación de fuga. “A mayor gravedad del delito más intensa cabe presumir la tentación de huida”, aprecia el juez.

El magistrado tiene en cuenta además que la trama alrededor de la plataforma Arbistar estafó más de 92 millones de euros, de los cuales únicamente han sido localizados y decomisados una ínfima parte.

“Por consiguiente, esta circunstancia coloca a Santiago Fuentes Jover en una privilegiada situación en orden a eludir la acción de la Justicia, pues dispone de una ingente cantidad económica con la que sufragar el acceso a medios ilícitos que le permitan abandonar el territorio nacional y así situarse en el territorio de países en los que poder evitar las órdenes internacionales de búsqueda y captura procedentes de España, y una vez allí subvenir cómodamente a todas sus necesidades con el producto procedente del delito”, concluye.

En relación con esto último, señala que dichas cantidades son fácilmente disponibles por el procesado en cualquier lugar donde se encuentre, pues las mismas, tal y como aparece en las actuaciones, estarían contenidas en “monederos fríos”, esto es, en dispositivos de almacenamiento de criptomonedas que mantienen las claves privadas fuera de línea y pueden utilizarse sin dejar rastro, manteniendo la privacidad y anonimato, pues evitan la asociación directa entre identidades, permitiendo utilizar seudónimos o identidades alternativas.