Según informaron hoy fuentes judiciales, el magistrado adoptó esta decisión después de que la fiscal del caso solicitase el pasado mes de octubre el archivo de la querella al entender que no existen indicios de delito en la actuación del consejo de administración de La Caixa en la venta de esos seguros.

La querella fue presentada por la ADA en 1989 en representación de unos 200 inversores quienes contrataron las primas únicas cryendo que se trataba de una cartilla de ahorro y no de un seguro.

La Caixa había lanzado este producto financiero ofreciendo un alto interés y asegurando a los clientes que no tenían que pagar impuestos por el dinero invertido en las primas únicas.

Sin embargo, el Ministerio de Economía y Hacienda detectó anomalías fiscales en esas libretas de ahorro y exigió a los suscriptores que se pusieran al día en el pago de los impuestos mediante declaraciones complementarias.

Según un informe de la Aencia Tributaria, los impuestos no ingresados por La Caixa a Hacienda ascienden a unos 160.000 millones de pesetas, aunque finalmente reclamó a la entidad el pago de 39.000 millones correspondientes por las retenciones no ingresadas por una de las modalidades de las primas únicas.

A lo largo de la investigación, el juez Moreno ha tomado declaración al director general de la entidad, José Vilarasau Salat, y a los 21 miembros del Consejo de Administración en calidad de imputados.