Israel responde así a la investigación abierta por el juez Andreu por esta bombardeo y en el que está imputados el ex ministro de Defensa israelí Benjamín Ben-Eliezer y seis militares.

Fuentes del juzgado de Andreu señalaron que el magistrado ha recibido esta misma mañana por parte de la embajada de Israel una copia de la documentación oficial remitida al Ministerio de Asuntos Exteriores. La documentación consta de unos 300 folios y está redactada en hebreo e inglés.

El juez esperará a que los servicios de la Audiencia Nacional traduzcan al castellano la documentación para analizarla y decidir si continúa con las actuaciones. Para determinar si Andreu es competente para investigar los hechos es fundamental saber si Israel tiene abierta un proceso judicial al respecto.

En agosto pasado, dos meses después de recibir la querella, el juez Andreu remitió oficialmente a las autoridades israelíes una comisión rogatoria pidiendo información sobre el caso, una petición a la que Israel no ha dado respuesta hasta hoy, un días después de admitirse a trámite la denuncia.

El portavoz de la embajada de Israel en España, Edwin Yabo, se mostró convencido hoy en una conversación telefónica de que el material enviado por las autoridades hebreas "puede ayudar a que no prospere la querella" porque, a su entender, aporta "los elementos necesarios para que se archive".

Yabo aseguró también que la decisión de remitir documentación al juez no esta motivada por la admisión a trámite de la querella si no que responde al compromiso de Israel, que prometió responder a las peticiones del magistrado antes de finales de enero.

Fuentes del juzgado de Andreu aseguraron que tal compromiso nunca fue comunicado al magistrado y que no tuvo ningún conocimiento de un supuesto acuerdo por parte de las autoridades de Tel Aviv.

COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Por su parte, fuentes de la Fiscalía, que recibió esta mañana el auto de Andreu, señalaron que esperarán a analizar la decisión del juez y sus consecuencias jurídicas para decidir si presentan recurso o, por el contrario, apoyan la investigación.

El departamento dirigido por el fiscal jefe Javier Zaragoza recordó que, según las doctrina del Tribunal Constitucional, la jurisdicción del país en el que ocurrieron los hechos debe tener preferencia sobre investigaciones de terceros países.

Esto significa que, si Israel tiene abierta una investigación sobre los hechos, la Audiencia Nacional no sería competente para conocer los presuntos crímenes de guerra.

Por último, las fuentes consultadas explicaron que el juez Andreu preferiría poder interrogar a los siete imputados en su juzgado, pero tampoco descarta hacerlo a través de una comisión rogatoria para que los presuntos criminales de guerra puedan declarar en Israel.

De forma complementaria, desde el juzgado de Andreu se explicó que para que el magistrado pueda desplazarse a Gaza para interrogar a los testigos -ya que es prácticamente imposible de que puedan abandonar Palestina para viajar a España-, debe ser Israel quien autorice el viaje del juez.

En principio, el ex ministro de Defensa israelí y los seis militares están imputados por crímenes de guerra, pero si en el curso de la investigación se demuestra que el ataque formó parte de un plan "preconcebido y premeditado", se les podría acusar de un delito de genocidio.