El magistrado imputa a estos militares los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo, por una orden internacional de detención contra todos ellos.

Finalmente, Andreu no ha procesado al actual presidente de Ruanda, Pau Kagame, no porque no haya pruebas contra él, sino porque como Jefe del Estado goza de inmunidad.

El auto de Andreu hecho público hoy relata como la junta militar presidida por Kagame, de la etnia tutsi, puso en práctica, entre 1994 y 2000, una estrategia que culminó, bajo pretexto de razones de seguridad, con la invasión y conquista de la República Democrática del Congo.

Las víctimas de la organización militar eran refugiados hutus ruandeses y población civil congoleña, en su mayoría de la misma etnia, pero el juez también imputadas a la junta militar el asesinato de nueve españoles.

Entre los españoles muertos estaba el Padre Joaquín Vallmajó, quien se había significado contra el Gobierno militar y había denunciado por escrito que "los tutsis han lanzado una campaña mundial de desinformación para hacer creer que los asesinos son las víctimas y las víctimas los asesinos".

Un día antes de su desaparición, el misionero fue interceptado por un control militar, cuyo responsable le amenazó diciendo "en tus homilías has hablado mal de nosotros (...) tú pagarás algún día". Venticuatro horas después los militares apresaron Vallmajó, cuyo cuerpo todavía no ha aparecido.

ESPAÑOLES TORTURADOS A MACHETAZOS

El magistrado destaca otro caso, el del padre Servando García y otro tres religiosos maristas, quienes vivían en la parte oriental del Congo, en un campo de 30.000 refugiados ruandeses administrado por la Cruz Roja bajo el patrocinio de Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Andreu indica que a partir de 1996, ACNUR decidió suspender la ayuda alimenticia para que los refugiados regresaran a su país, a pesar de lo cual los religiosos permanecieron junto a los ruandeses.

El 30 de octubre de 1996, ante la cercanía de los militares ruandeses, el padre Servando pidió ayuda para los refugiados a través de la Cadena COPE. Al día siguiente, los rebeldes militares llegaron al campamento y diez días más tarde los cuerpos sin vida de los cuatro religiosos aparecieron en un pozo junto a su casa, con señales de haber sido torturados a machetazos.

Los rebeldes militares asesinaron también asesinaron a tres civiles españoles, miembros de la ONG Médicos del Mundo, que trabajaban en un campo de refugiados de Mugunga, donde estaban sobrevivían 250.000 hutus desplazados.

El 16 de enero de 1997 se desplazaron a Kabere, donde horas antes se había producido una masacre y donde fueron testigos de más de 50 muertes. En el camino de regreso se encontraron con un control militar, cuyos miembros sabían ya que los cooperantes habían sido testigos "incómodos" de sus masacres, relata el juez Andreu.

Dos días más tarde, una decena de hombres armados irrumpieron en la residencia de Médicos del Mundo y descargaron una ráfaga de disparos contra los tres cooperantes españoles, causándoles la muerte.

Andreu indica que, según las declaraciones de los testigos, se puede deducir que, para asesinar a personas de raza blanca, era necesaria una orden de los altos cargos militares.

En el caso de estos tres cooperantes españoles, el ataque a la sede de la ONG se decidió tras una reunión entre varios de los militares procesados.

EL PAPEL DEL ACNUR

El auto del juez Andreu hace especial hincapié en el papelde Acnur durante el genocidio, organización que en 1996 llegó a tener a un millon de ruandeses hutus en sus campos de refugiados en el Congo.

El magistrado relata como en ese mismo año Acnur puso en marcha un programa de repatriación forzosa, obligando a cientos de miles de personas a subir a camiones para devolverlos a Ruanda. "A los que se negaban, miembros del Acnur les amenazaban con volver al día siguiente con soldados de Kabila", asegura Andreu.

Como el personal de Acnur no podía llegar a todos los lugares donde se refugiaban ruandeses, establecieron un sistema de recompensa para los congoleños: les pagarían 10 dólares americanos por cada refugiado ruandés que les entregaran.

Para el juez, esto provocó "una auténtica caza" del refugiado, y, en algunos casos, los desplazados se tiraban desde los camiones a la carretara o al río, ya que "preferían suicidarse antes que volver al terror de Ruanda".

El juez destaca también la visita que realizó en febrero de 1997 al campo de Tingi la Alta Comisionaria de Naciones Unidas para los Refugiados, Sadako Ogata, quien ofreció socorro humanitario únicamente para los que estuvieran dispuestos a volver a su país.

Diez días después de su visita, los militares ruandeses destruyeron totalmente este campo de refugiados provocando numerosos víctimas.

LA CRUELDAD DE LOS ASESINOS

A lo largo de los últimos meses, el juez Andreu ha interrogado a 22 testigos, todos ellos exiliados, que han adoptado nuevas identidades y que tiene condición de testigos protegidos.

La investigación judicial se inició a raíz de la querella del Foro Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos.

El auto del juez Andreu detalla centenares de asesinatos masivos cometidos por los militares en la campaña de terror que se saldó con más de cuatro millones de ruandeses, en su mayoría hutus, asesinados.

El 23 de abril de 1994 unas 2.500 personas fueron concentradas a la fuerza en el Estado de fútbol de Byumba, donde se les obligó a tenderse en el suelo y acto seguido los militares abrieron fuego contra ellos.

Primero lanzaron granadas contra ellos desde el exterior y luego entraron en el estadio para rematarles con fusiles automáticos. Los 2.500 cadáveres fueron enterrados en el Parque Nacional Akagera