Según indicaron fuentes judiciales, en el auto enviado por el juez al TSJC por la condición de aforado de Subirà, el juez ve presuntos indicios de un delito de cohecho en la actuación del consejero pr la cancelación de un aval concedido por la entonces existente Comisión de Ayuda a la Reindustrialización de Cataluña (CARIC), dependiente de la Generalitat, a la empresa de su familia Subirà y Compañía SA.

El presunto delito de cohecho podría prescribir el próximo 7 de diciembre, ya que ese día se cumplen 5 años desde que el Diario Oficial de la Generalitat (DOG) publicó la recalificación de terrenos adquiridos por un implicado en el caso.

Fuentes judiciales señalaron que los hechos que se le iputan al consejero podrían comportar una pena de inhabilitación especial superior a los 8 años y que la prescripción del delito vencería al cabo de 10 años.

El TSJC podría nombrar a un magistrado instructor para que tramite la causa y decida si el presunto delito ha prescrito, cuestión que llevaría a archivar las diligencias o a continuar el proceso.

El consejero de Industria reiteró hoy que está tranquilo ante la decisión judicial de reabrir el caso, aunque mostró su indignación y sorpresa por e hecho.