Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), dijo a Servimedia que "tienen que ser los técnicos en la materia los que hagan un análisis ponderado y reflexivo de si es pertinente el que las medidas de protección actualmente existentes sean suprimidas o atenuadas".

No obstante, este portavoz estimó que "quizás sea un poco prematuro adoptar algún tipo de medida" en relación con la retirada de escoltas, al tiempo que añadió que en el País Vasco, donde él ejerce, no han recibido todavía ninguna indicación para revisar los procedimientos de seguridad o autoprotección.

Por su parte, Edmundo Rodríguez, de Jueces para la Democracia (JpD), declaró que "hay que ser prudentes" en lo que se refiere a los escoltas, de manera que "el tiempo irá diciendo si es conveniente o no" retirar guardaespaldas a miembros de la judicatura.

Los representantes de la APM y de JpD valoraban así lo dicho por representantes del Sindicato Unificado de Policía (SUP), quienes han apuntado que el cese de atentados de ETA debe llevar a una retirada progresiva de escoltas, algo que podría afectar, en una primera etapa, a colectivos como los jueces que ejercen en Madrid.

A este respecto, Rodríguez señaló que tanto el ministro como el consejero vasco de Interior han hablado de que no van a retirarse servicios de protección, puesto que antes debe confirmarse que se produce un "cese efectivo" de actividad criminal de ETA.

El representante de JpD añadió que "todo lo demás son especulaciones que son muy respetables, pero que no coinciden con el parecer del presidente del Gobierno, del ministro y del consejero de Interior del Gobierno vasco". A su juicio, "no hay que precipitarse", de manera que "cuando todo esto se consolide se podrá hablar de todo este tipo de medidas".