El manifiesto del SAE, difundido el pasado 24 de marzo, pretendía solidarizarse con el abogado de Herri Batasuna Iñigo Iruin, que ha sido expedientado por exponer sus alegatos en euskera y por negarse a que sus palabras fuean traducidas al castellano, ya que considera que los magistrados en el País Vasco han de conocer la lengua vernácula.

El manifiesto provocó la reacción inmediata de diferentes estamentos judiciales, que solicitaron al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y al CGPJ que actúen para que no se vuelva a repetir una situación similar.

Los magistrados vascos, que tachan de "aberrante" la situación creada por el SAE, solicitaron al CGPJ que tome medidas para salvar los obstáculos que el mencionao sindicato "ha dispuesto para dificultar el ejercicio de la jurisdicción" en Euskadi.