Así lo indica en un comunicado difundido hoy, donde informa que sigue reivindicando "una subida del IPC real más un punto para la recuperación del poder de compra, para el conjunto de los empleados públicos, incluidos los trabajadores de la Adminisración de Justicia".

A juicio de la federación que lidera Julio Lacuerda, debe mantenerse el ámbito de aplicación de la ley de 1980 sobre retribuciones, una normativa que incluye a todos los colectivos que conforman la Administración de Justicia, incluidos los jueces.