Este convenio pretende facilitar a los juzgados y tribunales la obtención de datos de la Dirección General de Tráfico, para que puedan identificar más fácilmente la titularidad de un vehículo y para anotar o cancelar los embargos.

El acuerdo especifica que los datos que intercambien Tráfico y el Poder Judicial no podrán ser cedidos a terceros, de modo que se garantice la seguridad de la información suministrada.