Según informó el CGPJ, el convenio busca que los jueces y magistrados puedan encomendar su representación y defensa en juicio ante cualquier orden jurisdiccional a los Abogados del Estado, en los supuestos en que se dirija contra ellos alguna acción como consecuencia del legítimo desempeño de sus funciones o cargos.

Así, la Abogacía General del Estado prestará asistencia letrada en juicio a los miembros de la Carrera Judicial en los términos, con los requisitos y siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 46 a 49 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, así como en las restantes disposiciones legales o reglamentarias aplicables a esta función desempeñada por los Abogados del Estado.

Por su parte, el órgano de gobierno de los jueces remitirá con carácter urgente a la Abogacía del Estado, la propuesta razonada de asistencia letrada, realizándose una valoración de la concurrencia del requisito de haber actuado en el legítimo desempeño de sus funciones.

Además, el CGPJ asumirá la gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera de los gastos y contrataciones adicionales que fueran precisos para la defensa de jueces y magistrados en los procedimientos judiciales en el extranjero en los que, por la Abogacía General del Estado, se haya habilitado su representación y defensa.