En un comunicado difundido hoy, Jueces para la Democracia insiste en que la seguridad ciudadana y el orden púlico están encomendados por la Constitución a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y policías autonómicas y locales).

Esta asociación critica el hecho de que el anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, en contra de lo dispuesto en la Constitución, permita que los policías privados custodien edificios públicos, tales como ministerios, tribunales e incluso prisiones, "lo cual ha estimado admisible recientemente el ministro Corcuera".

En opinión d los responsables de Jueces para la Democracia, el texto de este anteproyecto "está lleno de ambigüedades, que podrían permitir incluso que los policías privados patrullen las calles".

Además, añaden, no garantiza la necesaria preparación y formación de los policías privados, que portarán incluso armas de fuego, ni prevé un seguro obligatorio que garantice las responsabilidades civiles a que pueda dar lugar su actuación.

A su juicio, el citado anteproyecto no contiene un adecuado régimen sancionaor para los abusos que puedan cometer los policías privados. Asimismo, Jueces para la Democracia considera que la regulación relativa a los detectives privados les permite violar el derecho fundamental al honor y a la intimidad de los ciudadanos.

Según la asociación de magistrados, los ciudadanos se ven obligados a contratar policías privados en algunas situaciones ante la insuficiencia de la acción policial del Estado.

No obstante, insiste en que la solución de esta situación "sólo puede venir pr el estricto cumplimiento por parte del Estado de las obligaciones que le impone la Constitución, garantizando la seguridad de los ciudadanos mediante las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado".

Para ello, resalta la organización de jueces, es necesario dotar a estas fuerzas de los medios de que ahora carecen e incrementar sus plantillas si fuera preciso.