Tras exigir el "cumplimiento cabal" de dichas penas, Jueces para la Democracia afirma en una nota que "la pena en estos casos tiene un marcado acento propedéutico, que se malogra si quienes deben ejecutarla recurren a argucias para incumplirla".

"Resulta lamentable que sea precisamente un poder del Estado, el Ejecutivo, quien se reista a cumplir sin dobleces lo definitivamente juzgado y resuelto por otro poder del Estado, el Judicial", agrega el comunicado. "Si grave es el incumplimiento de las decisiones judiciales por los particulares, más lo es cuando son las propias autoridades quienes las incumplen".

A juicio de esta asociación de magistrados, es "particularmente indignante" el incumplimiento de penas impuestas por tortura, por entender que estos delitos son "una lacra que atenta a lo más íntimo de la dignidad humana, encaalla a quienes la practican y degrada a quienes la toleran".

Permitir que quienes han sido condenados por tortura incumplan las penas que les han sido impuestas, continúa la asociación, "no sólo constituye una doble violación de la Constitución española (artículos 15 y 118) y una muestra tan notoria de favoritismo que pone en cuestión principios básicos de la democracia como es el de la igualdad ante la ley o el de objetividad de la Administración, sino que acaba por descalificar al propio Estado de Drecho, desarmándolo moralmente frente a la violencia crítica".

En opinión de Jueces para la Democracia, la conquista democrática que supuso la persecución de los casos de tortura se está perdiendo ahora por la utilización de "la argucia y el favoritismo para incumplir las condenas".

Concretamente, la asociación denuncia la argucia que supone afirmar ante el tribunal sentenciador que se están cumpliendo las condenas de inhabilitación y al mismo tiempo se mantenga a los condenados en otros destinos percibiendo una retribución del Estado.

"Es favoritismo utilizar abusivamente la prerrogativa regia de Gracia, como medio de vaciar plenamente de contenido la sanción impuesta, anulando totalmente el resultado de un largo proceso judicial, en cuyo curso se habían producido ya hechos tan bochornosos como la condecoración de los procesados en presencia del propio presidente del tribunal que los había procesado", agrega el comunicado.

En consecuencia, el Secretariado de Jueces para la Democracia relama "el acatamiento de lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución española" y expresa su repulsa "a los subterfugios con los que se burla el cumplimiento de las penas de inhabilitación".