En un comunicado que difundieron hoy en Madrid, los responsables de la asociación rechazan que esa decisión judicial pueda atentar contr la soberania del Parlamento.

"Sin perjuicio de la libertad de crítica sobre las resoluciones del poder judicial", matizan, "esas manifestaciones desvalorizan gravemente, no sólo a los insumisos, sino sobre todo a los jueces y no contribuyen a fomentar la serenidad del juicio. Pudiera pensarse que su objetivo es amedrentar a los jueces y, por ello, deben entenderse como una intromisión en la independencia jurisdiccional".

En opinión de Jueces para la Democracia, la sentencia del Juez Penal número4 de Madrid, José Luis Calvo, que ha absuelto a un insumiso "es una resolución formalmnete correcta, meditada, serena y debidamente motivada".

"Los criterios del juez y su propia decisión", explica el comunicado, "están dentro de los márgenes interpretativos que la Constitución y las leyes permiten a los jueces. En ella se utiliza, además, una categoría del Código Penal: el estado de necesidad como solución en los conflictos entre bienes jurídicos. Al margen de la posibilidad de sostener otros criteris, al amparo del pluralismo, y de los recursos que preveen las leyes de procedimiento".

Por otra parte, los dirigentes de la asociación manifiestan que la Ley de Objeción de Conciencia es "una ley injusta porque sanciona a los objetores imponiendo unas condiciones de cumplimiento de la Prestación Social Sustitutoria (PSS) muy duras en comparación con el servicio militar".

"Esta ley", recuerdan, "establece plazo de duración más largo, impide también la objeción sobrevenida, es decir cuando los jóvnes ciudadnos entran en contacto pleno con el servicio armado y permite a la Administración indagar en las razones de conciencia de los objetores".

Según la asociacón Jueces para la Democracia, "las manifestaciones del ministro de Justicia se producen en un momento de crisis institucional entre el Gobierno y la Fiscalia. Todas las instancias de esa institución han puesto de relieve la falta de medios y sobre todo, las continuas intromisiones del Ejecutivo en la labor de la Fiscalía".