En una conferencia de prensa en la que dieron a conocer algunas de las conclusiones alcanzadas en la primera asamblea general de la UJI, los representantes de la asociación Juan Esteve y Arturo Beltrán criticaron la intención de crear un cuerpo policial dependiente del ministerio público, que se declararía competente para investigar e instruir algunos delitos de terrorismo y delincuencia.

Para los magistrados este hecho supondría la disminución de garantías para el procesado, ya que el mnisterio público carece de la independencia necesaria "porque en su aspecto externo se rige por principios de legalidad e imparcialidad, pero su estatuto interno se ve limitado por el principio de dependencia jerárquica".

"Hubiera sido a declarar aquí y ahora el gobernador del Banco de España por un fiscal aquí y ahora en España?", ejemplificó Arturo Beltrán.

Los magistrados estimaron que la pretensión de hacer recaer en la fiscalía la instrucción e investigación de ciertos delitos responde a un roceso de "desjudicialización" emprendido por el Ejecutivo para restar competencias al Poder Judicial, iniciado con la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

"Con estas medidas se pretende dejar de someter a la decisisón del juez la resolución de los conflictos sociales que están regidos por el Estado de Derecho, que, al quedar limitado provoca la disminución de las garantías de los ciudadanos".

Los representantes de la UJI destacaron no obstante la necesidad de crear unas unidades eseciales de policía judicial dependientes de jueces y tribunales, pero sin renunciar al mantenimiento del cuerpo habitual de policía judicial adscrita a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Para los magistrados, separar estas unidades especiales del total del cuerpo policial supondría alejar a los funcionarios de los centros de información, de las bases informáticas y de las conexiones internacionales de carácter policial, "lo que daría como resultado la creación de un juguete muy bonito, pero absolutaente ineficaz".

La asociación subrayó que ni los jueces ni los fiscales tienen infraestructura ni los medios necesarios para la formación policial de los agentes, aunque pueden contribuir a su formación jurídica.