El portavoz de la APM, José Manuel Suárez, afirmó a Servimedia que el juez, "que es quien tiene la última palabra" en la autorización de cualquier tipo de matrimonio, "no puede negarse bajo ningún concepto" a que tenga lugar una unión entre homosexuales, y "la única posibilidad que tiene" para intentar impedirlo "es plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional".

Respecto a la eventual negativa de un alcalde o un concejal a oficiar estos enlaces, "no creo que estén obligados" a casar si no quieren, declaró Suárez, para quien este tipo de funcionarios "siempre puede delegar en otro compañero".

El portavoz de JpD, Edmundo Rodríguez, afirmó, además, que los jueces "no tienen cláusula de conciencia" en el ejercicio de sus funciones porque "lo que tienen que hacer es cumplir la ley". Añadió que, en caso de negarse a casar a homosexuales, "incurriría en una falta con responsabilidades disciplinarias".

En cuanto a los alcaldes y concejales, Rodríguez declaró a Servimedia que el hecho de que "un alcalde delegue porque está muy ocupado es aceptable, pero que lo haga por no casar a un gay es discriminación, igual que lo es no casar a personas de distinta raza o a mujeres embarazadas".

Por su parte, Manuel Torres, de la asociación Francisco de Vitoria, agregó que un juez, "le gusten o no, tiene que cumplir las leyes que emanen del Parlamento. No tiene más remedio porque está sometido al principio de legalidad y una negativa es incurrir en un delito".