Según fuentes de la judicatura, la falta de regulación del derecho de huelga de los jueces y la maraña administrativa que habría que deshacer para ejecutar la medida permitirá que a los jueces y magistrados que fueron a la huelga el pasado 18 de febrero no se les practique retención alguna en su nónima, como ocurre con otros trabajadores que ejercen este derecho.

A juicio de las fuentes consultadas, los jueces se libran del descuento pero pierden la oportunidad de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reconozca con esta medida que existe el derecho a la huelga en la carrera judicial; reconocimiento que, según señalan, sería muy útil en el caso de que finalmente se mantuviera la convocatoria de huelga para el 26 de junio.

Además, los jueces consideran que a Caamaño, que acaba de aterrizar en el Ministerio y que ha dado muestras públicas y en privado de su talante conciliador, le viene muy bien la maraña administrativa que no le permite aplicar los descuentos sin tener la autorización del CGPJ, porque lo utiliza como un gesto de buena voluntad y rebaja tensión en las negociaciones.

Sin embargo, las asociaciones que se sumaron a la huelga del 18 de febrero hubieran preferido que se les descontara el día de paro, porque con ello tendrían reconocido el derecho de huelga y, además, conseguirían valorar el coste de un día de trabajo de un juez o magistrado, algo muy valioso en una mesa de negociación.