Según un comunicado del Ministerio de Justicia, entre los colectivos afectados por este acuerdo destacan los miembros de las carreras judicial y fiscal destinados en las Islas Baleares, los secretarios judiciales destinados en las mismas islas, y el personal de los restantes cuerpos al servicio de la Administración de Justicia destinado en Islas Baleares.

Este aumento supone, según el comunciado, la plasmación del consenso alcanzado el pasado 22 de febrero entre la Administración y los sindicatos UGT y CCOO, en el marco de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, que contempló la revisión de la indemnización por residencia en Islas Baleares, y en el Acuerdo Administración-Sindicatos sobre medidas retributivas y de oferta de empleo público para el año 2005, firmado en el mes de septiembre de 2004.

La propuesta afecta a un total de 8.905 efectivos y su coste económico asciende, en términos anuales, aproximadamente a 1.655.369,76 euros. Teniendo en cuenta su entrada en vigor el 1 de septiembre de 2004, el coste para dicho año ascenderá a 551.789,92 euros.