En un comunicado de prensa, coincidiendo con el 70 aniversario del fin de la Guerra Civil española, Medel subraya la obligación de los Estados de emprender por propia iniciativa de sus autoridades (y no de los familiares o asociaciones privadas) una "investigación oficial efectiva e independiente" en todos los casos de desaparición forzada de los que se tenga noticia.

Esta obligación se desprende de los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, y ha sido reafirmada por jurisprudencia constante del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y recientemente reiterada en los casos de las fosas comunes en Chechenia, señalan los jueces y fiscales europeos.

"Consideramos este deber especialmente reforzado en los supuestos que presentan, como en España, un carácter masivo y donde se ha producido la participación de los agentes del Estado instaurado con la guerra civil", subrayan.

Asímismo, llaman la atención sobre el hecho de que la Ley de la Memoria Histórica aprobada por el Estado español no menciona el caso de los niños perdidos del franquismo, "a pesar de que se trata del mayor caso de desaparición forzada específicamente infantil perpetrado en la Europa contemporánea".

Medel propone que, siguiendo la experiencia comparada de otros países, procedería crear una comisión gubernamental de búsqueda de esos niños, que todavía mantienen razonables expectativas de vida, a fin de "una rápida identificación que permita, siquiera al final de sus vidas, la reunificación de estas familias desgarradas por la dictadura".

El citado colectivo espera que no se pierda la oportunidad de declarar en los correspondientes procesos penales y "de una vez por todas, la naturaleza delictiva, en el contexto de lo que hoy conocemos como crímenes contra la humanidad, de las políticas represivas desarrolladas por las autoridades franquistas durante y después de la guerra civil".