La propuesta está incluida en la ponencia "Justicia y medios de comunicación", redactada por la sección territorial de Baleares de la APM, que analiza negativamente la influencia de los medios de comunicación en los hechos "sub iudice".

En el documento, la APM destaca la actual capacidad de penetración de los medios de comunicación, con sus avances tecnológicos, que hace que la pulicación de una noticia falsa o tendenciosa tenga importantes efectos.

En este sentido, aunque reconoce que supondría un elevado coste, se muestra partidaria de aislar a los miembros del futuro jurado, ya que, según el anteproyecto del Ministerio de Justicia, éste sería puro y, por tanto, más permeable a las noticias tendenciosas y falaces vertidas por los medios de comunicación.

ALARMA SOCIAL

Otra de las consecuencias que, en su opinión, produce la difusión de informaciones falaces o tendencioas respecto de hechos "sub iudice" es un alarmismo de la sociedad, generando una psicosis de desprotección y creando un sentimiento de inseguridad ciudadana.

Además, resalta que puede ocasionar una reacción ciudadana en demanda de un endurecimiento de las penas, "sin hacer un análisis sereno y metódico de los hechos", lo que, a su juicio, supone un retroceso hacia un "Derecho Penal medieval en el que se instaure, de nuevo, el ojo por ojo".

Por ello, la APM "echa de menos" que el anteproyecto de Cdigo Penal de 1992 no incluya, como el de 1980, una pena para quien "a sabiendas publicase o difundiese noticias falsas o tendenciosas que causaren alarma o perturbaren el orden público o daño a los intereses públicos o privados".

La APM concluye diciendo que "nada se conseguiría sin una concienciación de los medios de comunicación social sobre la gravedad de difundir informaciones tendenciosas y falaces sobre hechos 'sub iudice' y una concienciación de la opinión pública sobre las repercusiones multilicadoras de hacer caso a dichas informaciones".

En su opinión, se conseguiría una mayor efectividad con la creación en España de un Consejo de Prensa y con la elaboración de un código deontológico de los profesionales de la información, que establezca los principios por los que se ha de regir la profesión periodística.