Entre los firmantes del manifiesto se encuentran el presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger; el Defensor del Pueblo, Fernando Alvarez de Miranda; el decano de los juzgados de Madrid, Fernando Fernández; el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández; la vocal del Consejo General del Poder Judicial(CGPJ) Margarita Retuerto, y los magistrados Baltasr Garzón y José Antonio Martín Pallín.

Asimismo, el texto ha sido avalado por Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales, Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Xusticia e Sociedade de Galicia, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y los colegios de abogados de Madrid, Valencia, Vigo y Zaragoza.

El manifiesto insta a todos los gobiernos a apoyar en la Conferencia Diplomática que comenzará la próxima semana en Roma la propuesta de cración de un Tribunal Penal Internacional que juzgue a los acusados de delitos de genocidio, violaciones graves del derecho humanitario y crímenes contra la humanidad

El director en España de AI, Esteban Beltrán, declaró hoy en rueda de prensa que esta organización sólo se mostrará satisfecha si los Estados garantizan que el nuevo Tribunal Internacional actuará con justicia, imparcialidad e independencia, ya que, en caso contrario, Amnistía cree que carecerá de utilidad.

Por su parte, Clemente Augr señaló que la creación de este organismo internacional no sólo constituye un avance en la defensa de los derechos humanos, sino que favorece al ordenamiento jurídico español, que establece la jurisdicción universal.

Auger recordó que esta circunstancia posibilita que los tribunales españoles, en concreto la Audiencia Nacional, tengan jurisdicción sobre delitos que se han cometido fuera del país, como es el caso de los españoles desaparecidos durante las dictaduras chilena y argentina.

El presidnte de la Audiencia Nacional sugirió que si ya existiera un organismo judicial de ámbito internacional con competencias sobre este tipo de delitos, posiblemente no sería necesario que los tribunales españoles investigarán estas denuncias.

DIFERENCIAS CON EL GOBIERNO

El Gobierno español también apoya la creación del Tribunal Penal Internacional, aunque su postura no coincide totalmente con la que defiende AI, según declaró Esteban Beltrán.

Una de las diferencias clave radica en el interés del Goierno en aumentar la influencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el Tribunal. Por el contrario, AI se opone a que el Consejo de Seguridad pueda paralizar o demorar los procesos iniciados por este organismo.

Otro asunto crucial para la ONG es que el fiscal pueda presentar autos de procesamiento basados en informaciones proporcionadas por víctimas, familiares y otras fuentes fiables, opción que no apoya el Gobierno, que considera que los autos de procesamiento solo pueden basarse en infrmación facilitada por los Estados, el Consejo de Seguridad o el secretario general de la ONU.

Ademá, AI exige que el el Tribunal Penal tenga poder para imponer su jurisdicción directa y libremente en caso de que un Estado no quiera o no pueda investigar y procesar a individuos sospechosos de haber cometido violaciones graves de derechos humanos y que se financie con cargo al presupuesto general de Naciones Unidas para garantizar su solvencia y eficencia.