En un comunicado difundido hoy, la asociación judicial hace notar que aunque el Gobierno ha concedido una subida del 2,4 por ciento al gabinete de Justicia, que no cubre la previsión de inflación para el año que viene que se sitúa en el 5por ciento, con lo que el ministerio "verá reducida su capacidad económica en un 2,6 por ciento siempre que no ocurra como en años precedentes en que dicha previsión resultó equivocada".

La UJI resalta que, en el conjunto de los presupuestos, el de Justicia representa un 1,5 por ciento, mientras que en los del año anterior era del 1,6 por ciento y, por contra, el proyecto de 1993 establece un aumento global del 8,2 por ciento con respecto a 1992, "por lo que queda el ministerio de Justicia con un 5,8 or ciento de reducción en cuanto a la globalidad del presupuesto".

La asociación subraya que si se aumentara en una proporción media las partidas del gabinete, le corresponderían 12.532 millones de pesetas más "que en un presupuesto tan reducido como el de este ministerio podría dar lugar, si se utlizara adecuadamente, a considerables mejoras en el funcionamiento de la Administración de Justicia".

Para la UJI, supone "un gran pesar observar que el poder político no tiene la misma sensibilidad conlos problemas que aquejan a la Administración de Justicia que con otras partidas con similar repercusión social", en referencia a las subidas otorgadas en los ministerios de Trabajo y Seguridad Social o de Sanidad y Consumo, que son del 10,5 y del 12,5 por ciento respectivamente.

Los jueces consideran que esas consideraciones se agravan si se tiene en cuenta que los recortes repercuten "en los cientos de miles de españoles que acuden a la Justicia y en los beneficios económicos enormes que una Justici rápida y eficaz, dotada con los suficientes medios materiales y humanos, supondría para la sociedad, ya que son incontables los recursos económicos que están paralizados pendientes de resoluciones judiciales".

Para la asociación, esos hechos plantean la "duda razonable de si el Gobierno tiene verdadera voluntad política de solucionar la grave crisis que atraviesa la Justicia española o si le pudiera interesar que se mantenga en esta situación permanente de descrédito, lo que hace ante la opinión públca más aceptable su continuo intento de dominación de todos sus ámbitos".