Así lo trasladó Jucil este lunes, a la vez que reclamó “una reflexión inmediata en nombre de los habitantes de la España rural”, para ampliar la cifra de efectivos y la forma de despliegue de la Guardia Civil porque “todos los ciudadanos, sin importar donde vivan, tienen derecho a una protección sin demoras, adecuada y eficaz”.

De este modo, Jucil lamentó “profundamente los tristes sucesos ocurridos este fin de semana en la provincia de Toledo, en los que un niño de 11 años en Mocejón y una menor, de 17 años, en Otero perdieron la vida en circunstancias violentas”.

“Como padres y como guardias civiles, compartimos el dolor de las familias y exigimos que los responsables sean encontrados, juzgados y condenados con las máximas penas. Estos hechos trágicos revelan una grave realidad: el modelo actual de despliegue de la Guardia Civil no ofrece la seguridad adecuada a los habitantes de las zonas rurales de España”, reiteraron.

La asociación apuntó a un “déficit significativo de efectivos en la provincia de Toledo, donde se necesitarían al menos 200 guardias civiles adicionales para cubrir adecuadamente las necesidades de seguridad de esta provincia”. Añadió que este déficit es “igualmente preocupante en el resto de las provincias de Castilla-La Mancha y se extiende por toda España”. “Deja a muchas comunidades rurales en una situación creciente de vulnerabilidad”, ahondó Jucil.

El asesinato del niño de 11 años en Mocejón “ilustra claramente las deficiencias en la capacidad de respuesta”, criticaron desde la asociación de guardias civiles. Tal y como denunciaron, aunque se activaron dos patrullas, una desde Seseña, a 39 kilómetros de distancia, y otra desde una localidad cercana, junto con el apoyo del Seprona desde Illescas, situado a casi treinta minutos, el tiempo de respuesta fue de cuarenta minutos”.

“Este intervalo permitió al asesino huir, y hasta el momento, sigue sin ser capturado”, lamentaron. En el caso del asesinato en Otero, “el primer aviso de la discusión se produjo a las siete y fue media hora después, según los testigos, cuando se escucharon los disparos, sin que ninguna patrulla hubiese llegado en este lapso hasta el lugar donde se produjo la llamada de emergencia”.

“La primera patrulla tardó aún más tiempo en arribar, dejando a la comunidad desprotegida en un momento crítico y en el que una presencia preventiva de los guardias civiles podría haber arrojado un resultado diferente a los hechos”, criticó Jucil.

En esta línea, el portavoz de Jucil, Javier Montero, sostuvo que "estos tiempos de respuesta son inaceptables”. "En situaciones de emergencia, cada minuto cuenta, y los residentes en las áreas rurales no pueden seguir soportando esta situación de desprotección. No podemos permitir que la distancia y la falta de recursos pongan en riesgo la vida de los ciudadanos", añadió Montero.

Por ello, exigió una reflexión “seria e inmediata” sobre el modelo de seguridad “que hoy se ofrece a estas áreas rurales” y solicitó “que se adopten medidas urgentes para garantizar una presencia y una respuesta más efectiva de las fuerzas de seguridad en estas zonas”.

"Es imperativo repensar y reforzar el despliegue de la Guardia Civil en todo el territorio nacional, especialmente en las áreas rurales", explicó Montero. "Todos los ciudadanos, sin importar dónde vivan, tienen derecho a una protección adecuada y eficaz. No podemos permitir que ocurran de nuevo situaciones como las sufridas este fin de semana en dos pueblos de Toledo".