Hormaechea fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a la mencionada pena por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El presidente cántabro fue condenado por financiar con fondos de la Diputación de Cantabria anuncios insultantes para sus adversarios políticos. El TSJC considera los hechos como un ejemplo "de esa cultura que utiliza los bienes públicos en beneficio de itereses privados".

Asimismo, los jueces han estimado que hubo prevaricación en la adjudicación a una empresa propiedad de un amigo de Hormaechea, Francisco de la Riva, de la confección y colocación de carteles propagandísticos de todas las obras de Cantabria, sin publicidad ni expediente administrativo alguno.

El TSJC condenó asimismo a Hormaechea por la adjudicación directa a la empresa Cantel de un estudio sobre pavimentación de 61 municipios, por el que se pagaron 48 millones de pesetas. La adudicación se realizó sin información pública ni fiscalización de la intervención delegada de Hacienda.

La querella contra el presidente de Cantabria fue presentada por el presidente del Grupo Socialista en la Asamblea de Cantabria en 1990, Juan González Bedoya; Miguel Angel Revilla, presidente del Grupo Regionalista; Manuel Garrido, presidente del Grupo del CDS, y Manuel Pardo Castillo, vicepresidente de la Asamblea y ex diputado regional del Partido Popular.