Para JpD, el debate que se celebrará el próximo martes en el Pleno del Congreso es una "gran oportunidad" para que la legislación española sobre el comercio de armas no se limite a una adaptación a las directrices comunitarias de obligado cumplimiento, y vaya todavía más lejos en la transparencia y el control del tráfico de armamentos.

A juicio de esta asociación, una forma de control sería qe el Parlamento fiscalizase las operaciones de venta de armas, así como la publicación periódica y detallada (país de destino, tipo de material vendido e importe de las transacciones) por el Gobierno de las actas de la Junta interministerial, encargada de aprobar las exportaciones de armamentos.

Para esta asociación judicial progresista, este tipo de medidas "reforzaría el control por parte de la sociedad civil" sobre el comercio de armas.