Después de que el CGPJ confirmara la sanción de 1.500 euros para el juez de aquel caso, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anunció que el Gobierno llevará al Parlamento una propuesta de reforma del régimen disciplinario de los jueces para evitar casos similares.

En un comunicado, JpD dice que el Gobierno está en su derecho a discrepar de esa sanción, pero "expresar su malestar de forma tan airada" y transformar esa valoración en una batería de iniciativas "es desproporcionado".

Recuerdan que la decisión del CGPJ agota la vía administrativa pero cabe recurso ante el Tribunal Supremo, por lo que el caso no está cerrado desde el punto de vista jurisdiccional. Por tanto, anunciar una reforma legal es "precipitado".

Creen, además, que la indignación del Gobierno "tiene mucho de impostura", contribuye muy poco al respeto institucional que se deben los tres poderes del Estado y socava la confianza de los ciudadanos en la Justicia.

Denuncian las "reiteradas injerencias" y alertan de que el régimen disciplinario de los jueces, en la medida en que puede conllevar suspensión, traslado forzoso o separación de juez, está íntimamente relacionado con su inamovilidad, garantía de independencia del Poder Judicial y pilar del Estado constitucional.

Por ello, advierten de que cualquier reforma debe ser meditada y consensuada, y no abordada "como reacción, a modo de puñetazo en la mesa".