Esta ley, que entrará en vigor el próximo 29 de junio, requiere una serie de "actuaciones precisas" para asegurar las medidas previstas por la ley, según la JpD.

Siete son las medidas que debe realizar la Administración,según la JpD para este cumplimiento: La primera va destinada al envío de intrucciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que las "víctimas de la violencia de género conozcan que tienen derecho de asistencia jurídia inmediata".

La segunda y tercera medidas se orientan a los juzgados, que deben albergar, según la JpD, "dependencias específicas" para las víctimas, y la creación de nuevos juzgados "exclusivos" y dotarlos de "medios materiales y personales necesarios para resolver las cuestiones penales y civiles" en aquellas ciudades donde se justifiquen su creación.

En cuarto lugar, piden que se haga efectiva la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, que según la JpD en muchos casos no se hace y tiene una "evidente finalidad resocializadora".

La puesta a disposición de los órganos judiciales de los "dispositivos electrónicos necesarios para controlar la ejecución" de las Ordenes de Alejamiento, es el quinto punto que recomiendan.

El sexto punto guarda relación con la sensibilidad y la formación en violencia de género, porque es, según la JpD "necesaria la formación especializada en materia de igualdad y de violencia de género de todas las personas y profesionales que trabajan coneste problema, en especial jueces y magistrados" apra poder afrontar los casos.

En último lugar, la asociación de jueces resalta la "importancia de la prevención" por lo que propone "medidas preventivas a nivel de educación y sensibilización de la sociedad".